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58 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 5 de junio de 2006

4.2.2 En el inciso b), se establece que la ley deberá prever el requisito de mayoría

calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la

afectación de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su

trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la legislatura estatal

ya no intervendrá en la toma de la decisión a los ayuntamientos.

4.2.3 En el inciso c), se señala que las leyes estatales incluirán normas de aplicación

general para la celebración de convenios de asociación entre dos o más Municipios,

entre uno o varios Municipios y el Estado, incluyendo la hipótesis a que se refiere la

fracción VII del artículo 116 constitucional, para fines de derecho público.

4.2.4 En el inciso d), se prevé que la ley estatal contemple, con base en el ámbito de

competencia exclusiva municipal, el procedimiento y las condiciones para que el

Ayuntamiento transfiera la prestación de un servicio público o el ejercicio de una

función a su cargo, en favor del Estado. Ello mediante la solicitud del Ayuntamiento a

la legislatura, cuando no haya convenio con el gobierno estatal de que se trate.

“4.2.5 En el inciso e), se establece que las legislaturas estatales expedirán las normas

aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es

decir, la norma que emita el legislativo para suplir en estos casos, la falta de

reglamentos básicos y esenciales de los Municipios, será de aplicación temporal en

tanto el Municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos...”

(...)

Por último, la Comisión considera necesario prever en un nuevo párrafo cuarto de la

fracción II en análisis, que las legislaturas estatales establezcan las normas de

procedimiento para resolver los conflictos que pudieran surgir entre los gobiernos

estatales y los Municipios con motivo de la realización de los actos a que se refieren

los incisos b) y d) de la fracción segunda en comento. Para dirimir tales diferencias, el

órgano competente será la legislatura estatal correspondiente. Esta previsión desde

luego se entiende sin perjuicio del derecho de los gobiernos estatales y de los

Municipios de acudir en controversia constitucional en los términos del artículo 105

Constitucional y su ley reglamentaria...”

De la lectura del punto 4.2 del Dictamen transcrito, se pueden inferir los siguientes puntos:

1) La intención de fortalecer el ámbito de competencia municipal y las facultades del ayuntamiento,

delimitando el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales, de ahí

que se modifique el concepto de “bases normativas” por el de “leyes estatales en materia municipal”, lo

que implica una delimitación de los ámbitos competenciales de las legislaturas y de los ayuntamientos.

2) Que las leyes estatales en materia municipal están limitadas a los temas que se enuncian en cinco

incisos.

3) Que dichas leyes deben orientarse a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas que le den un

marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas

de cada Municipio.

4) Que lo anterior se traduce en que la competencia reglamentaria Municipal implique “de forma

exclusiva los aspectos fundamentales para su desarrollo.”

5) Que, en consecuencia, queda para el ámbito reglamentario de los ayuntamientos todo lo relativo a su

organización y funcionamiento interno y de la administración pública municipal, así como para la regulación

sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y demás

disposiciones de carácter general, y

6) Que las legislaturas estatales pueden expedir las normas aplicables en los Municipios que no cuenten

con los reglamentos correspondientes, es decir, las normas que emita el legislativo podrán suplir la falta de

reglamentos básicos y esenciales de los Municipios, sin embargo, serán de aplicación temporal y su eficacia

estará sujeta a que los Municipios emitan sus propios reglamentos.

Si, como destacan los puntos referidos, con anterioridad a la reforma de mil novecientos noventa y nueve,

los ayuntamientos no podían hacer una aportación normativa propia que respondiera a sus distintas

necesidades y realidad social, a partir de la misma se fortalece y consolida el ámbito municipal,

reconociéndose a los ayuntamientos de manera expresa el carácter de órganos de gobierno, ampliando su

esfera de atribuciones y facultándolos para emitir una nueva categoría de reglamentos que les permiten fungir

con su nuevo carácter, en la medida en la que ahora les corresponde normar lo relativo a la organización y

funcionamiento interno del Municipio, en lo que atañe a las cuestiones específicas que les corresponden, con

la condición de que tales reglamentos respeten el contenido de las leyes en materia municipal.

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