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16 (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 5 de junio de 2006

“Artículo 45.- Los Secretarios Vocales, el Tesorero y los Suplentes serán designados

por el ayuntamiento en el mes de Enero de cada año, a propuesta del Presidente

Municipal. Para su designación, preferentemente se tomará en cuenta su vinculación

con el sector educativo o su pertenencia a las asociaciones o colegios de

profesionistas y técnicos”.

“Artículo 46.- Los ayuntamientos solventarán los gastos que eroguen las Juntas de

Acción Cívica y Cultural, con los fondos que se destinen para ese objeto y con los

que se arbitren por aportaciones públicas, sin que puedan dar inversión distinta a los

fondos así recaudados, salvo el caso en que los ayuntamientos de acuerdo con las

Juntas de Acción Cívica, los apliquen en la construcción de obras materiales o la

prestación de un servicio de notorio beneficio para el Municipio”.

“Artículo 47.- El tesorero de la Junta, administrará los fondos de ésta, rendirá en los

meses de junio a diciembre de cada año un informe al ayuntamiento, que contenga la

lista de los donantes y el monto de lo recaudado por medio distinto, los gastos

erogados, así como la declaración de que quedan los comprobantes a la vista del

público para su examen.

“Artículo 48.- Los cargos de los miembros de las Juntas de Acción Cívica y Cultural

serán honoríficos”.

En nuestra opinión no le asiste la razón a la parte actora toda vez que las anteriores disposiciones deben

considerarse normas por ausencia de reglamento municipal, en términos del artículo 115, fracción II, inciso e)

de la Constitución Federal, toda vez que regulan un órgano que tiene por misión esencial organizar actos de

carácter cívico y cultural, preservar las tradiciones y fomentar la educación cívica y cultural de sus habitantes,

lo cual, si bien no puede ser considerado como una base general de administración en virtud de que la

regulación de dichas cuestiones le corresponde a cada ayuntamiento en atención al principio de

autoorganización que deriva del carácter de órgano de gobierno que constitucionalmente le está atribuido al

Municipio, tampoco puede estimarse inconstitucional, pues los fines que se le asignan a dichas Juntas no son

en sí mismos contrarios a ninguna norma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, en caso de que el ayuntamiento omita regular esta cuestión, puede actuar con fundamento en los

artículos 43 a 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo para lograr las finalidades señaladas, lo

que desde luego no implica que el contenido de estas normas lo obliguen a prever en su normatividad interna

o a instalar dentro del Municipio, una Junta de Acción Cívica y Cultural.

En ese sentido, si bien los preceptos antes referidos no resultan inconstitucionales, debe quedar claro que

de ninguna manera es obligación del Municipio actor contar con una Junta de Acción Cívica y Cultural, pues

es facultad del ayuntamiento decidir si le es o no necesario tener en su estructura dicho órgano.

VI. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Dentro del capítulo de conceptos de invalidez, señala el Municipio actor que el artículo 49, relativo a las

facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en sus fracciones I, II, III, XVII, XXXI, XXXII y XXXVII, atenta

contra lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque

invade la esfera de competencias que dicho precepto constitucional otorga a los Municipios y, asimismo, que

específicamente por lo que hace a las fracciones XVII y XXXII del mismo precepto, debe estimarse que las

misma son contrarias al referido artículo 115 constitucional porque “en materia de mayorías calificadas del

ayuntamiento, éstas sólo son posibles de establecerse en la ley, tratándose de disposición de bienes

muebles (sic), o actos jurídicos que obliguen al ayuntamiento más allá de su período de gobierno. Por

tanto, es indebido imponer a los ayuntamientos la toma de decisiones a partir de mayoría calificada

fuera de esos temas”.

El referido artículo 49, en las fracciones impugnadas antes precisadas, expresa lo siguiente:

“Artículo 49.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

I.- Proveer en la esfera administrativa lo necesario para la aplicación de ésta Ley, así

como el mejor desempeño de las funciones que le señalen ésta u otras leyes, bandos

y reglamentos. El ayuntamiento y sus Comisiones, podrán ser asistidos por los

órganos administrativos municipales a fin de cumplir con sus atribuciones;

II.- Elaborar y aprobar, de acuerdo con ésta Ley y las demás que en materia municipal

expida la Legislatura del Estado, los bandos de gobierno y de policía, reglamentos,

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus

respectivas jurisdicciones, que organicen el funcionamiento del ayuntamiento y de la

Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación de la sociedad.

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