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128 (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 5 de junio de 2006

Aún con la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, las legislaturas estatales siguen

facultadas para: suspender y desaparecer ayuntamientos, o de su gobierno; designar en el caso de

desaparición de un ayuntamiento, a los concejos municipales; establecer las contribuciones municipales sobre

ciertos rubros; cumplir convenios en relación con la administración de contribuciones municipales; establecer

participaciones federales a los municipios con base en la ley estatal; expedir las leyes de ingresos de los

municipios, a las que deben de ajustarse los presupuestos de egresos; expedir leyes que establezcan reglas

sobre las zonas y planes de desarrollo urbano municipal; entre otras facultades de injerencia.

Entonces, se puede establecer que en el caso Temixco se tomó en cuenta que el municipio es una

estructura de gobierno (que en ese entonces y ahora es elegido democráticamente), que tiene libertad de

gestión y que cuenta con autonomía funcional, características que se consideraron insuficientes para

separarlo del orden jurídico estatal, las que no son desvirtuadas en la sentencia mayoritaria.

Ahora bien, en cuanto a que el municipio cuenta con asignaciones competenciales propias, debe decirse

que antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, los municipios contaban con aquéllas, inclusive

en materia de servicios públicos el catálogo no se amplió significativamente, la aportación en esta materia de

la citada reforma consiste en la exclusión de la concurrencia de los Estados en su prestación.

Al respecto, es necesario señalar que para prestar los servicios públicos los municipios deben ajustarse a

la regulación que efectúen las legislaturas locales, lo que permite demostrar que los municipios al ejercer sus

competencias constitucionales tienen que ajustarse a las disposiciones de la autoridad estatal.

Por último, con anterioridad a la reforma de mil novecientos noventa y nueve, se reconoció la libre

administración de la hacienda municipal, y después de dicha reforma o a pesar de la misma, se conserva la

injerencia del Estado en cuestiones financieras, ya que corresponde a la Legislatura Estatal: aprobar las leyes

de ingresos de los municipios (a las que debe ajustarse el presupuesto de egresos que aprueben los

ayuntamientos); establecer las participaciones federales a favor de los municipios; establecer las

contribuciones e ingresos que, junto con el rendimiento de los bienes del municipio, integrarán la hacienda

municipal; establecer los casos en que para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario

municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del

ayuntamiento, se requieran las dos terceras partes de los miembros de éste; entre otras atribuciones.

Además, mediante convenio el Estado puede hacerse cargo de funciones relacionadas con la

administración de las contribuciones municipales.

Como puede advertirse, en materia financiera sigue existiendo injerencia estatal en el ámbito municipal, lo

que nos lleva a señalar que no existe una autonomía del Municipio en esta materia que permita excluirlo del

orden jurídico estatal.

Inclusive, aunadas a las anteriores razones de la pertenencia de los municipios a un Estado autónomo, el

propio texto constitucional sujeta a los primeros a someter sus diferencias con otros municipios o con el

Estado, en principio, a la decisión de las autoridades de gobierno locales, por estar comprendidos todos

dentro de un mismo orden normativo.

Son las razones anteriores, las que me llevan a disentir de las consideraciones y de la conclusión

alcanzada por la mayoría del Tribunal Pleno en el considerando Séptimo, toda vez que desde mi óptica, no se

puede sustentar el reconocimiento del municipio como un quinto orden jurídico parcial en la consolidación de

sus facultades de gobierno y en una supuesta nueva facultad de creación normativa, pues en el texto en vigor

del artículo 115 de la Constitución Federal subsisten nexos indisolubles entre los ayuntamientos y los Poderes

locales, así como entre la facultad reglamentaria de los primeros y la facultad legislativa de los Congresos

Estatales.

El Ministro, Juan N. Silva Meza.- Rúbrica.

LICENCIADO JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERTIFICA

: Que esta fotocopia constante de cuatrocientas setenta y siete

fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con su original que obra en el expediente relativo a la controversia

constitucional 14/2001, promovida por el Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en contra del

Congreso, del Gobernador, del Secretario General de Gobierno y de otras autoridades, todos del Estado de

Pachuca, se certifica para efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo

dispuesto en el párrafo Segundo del artículo 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento a lo ordenado por el

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el punto Sexto resolutivo de su sentencia

dictada en la sesión pública celebrada el siete de julio del año en curso.- México, Distrito Federal, a veinticinco

de octubre de dos mil cinco.- Conste.- Rúbrica.

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