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Lunes 5 de junio de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 103

"b) Como segundo antecedente, la iniciativa presentada por diputados del Partido de

la Revolución Democrática, el treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve,

propuesta que, en lo que a este punto atañe, recogió lo que antes se había propuesto

en la iniciativa antes referida.

c) Esta proposición fue finalmente recogida en la propuesta única que preparó la

comisión dictaminadora de la cámara de origen, misma que abundó en razones para

tal efecto, de las que destacan las que fueron transcritas páginas atrás; y que, como

ya se dijo, eventualmente hizo suyas expresamente la cámara revisora.

En atención a lo anterior, se estima que los incisos contenidos en la fracción II del

artículo 115, deben interpretarse desde una óptica restrictiva conforme a la cual sean

sólo esas las intervenciones admisibles de la legislación local respecto a la actividad

municipal, pues esa óptica restrictiva permite materializar el principio de autonomía

municipal y no tornar nugatario el ejercicio legislativo realizado por el constituyente

permanente, sino más bien consolidarlo.

Esto significa que el inciso b) de dicha fracción constitucional sólo autoriza a las

legislaturas locales a que señalen cuáles serán los supuestos en que los actos

relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un acuerdo de mayoría

calificada de los propios integrantes del ayuntamiento; mas no le autoriza para

erigirse en una instancia más exigible e indispensable para la realización o para la

validez jurídica de dichos actos de disposición o administración. Eso atenta contra el

espíritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por ésta.

Interpretación ésta última que se confirma no sólo con la letra de la Constitución y de

su procedimiento legislativo, lo que es suficiente para sustentarla (al que antes se ha

hecho alusión); sino también con diversas opiniones de personas que intervinieron

en dicho procedimiento y de estudiosos del debate municipal.

Así, el Diputado Juan Marcos Gutiérrez González, entonces presidente de la Comisión

de Fortalecimiento Municipal, al sintetizar los puntos clave de la reforma

constitucional en comento, destaca respecto de este tema:

"Se crea la figura de leyes estatales en materia municipal, delimitadas a un objeto

cuyo contenido se enumera en cinco incisos, de lo que se destaca que la ley no va a

poder ir más allá del objeto constitucional, propiciando el robustecimiento de las

capacidades reglamentarias (cuasilegislativas o materialmente legislativas) de los

ayuntamientos.

En este aspecto destaca por ejemplo que para la desincorporación y disposición del

patrimonio inmobiliario municipal o la realización de actos que comprometan al

Municipio más allá del periodo del ayuntamiento de que se trate, dichas

determinaciones no serán a cargo de la legislatura sino de las dos terceras partes de

los miembros de un ayuntamiento.” (Reflexiones en torno a la reforma municipal del

artículo 115 constitucional, Miguel Angel Porrúa, México, 2000).

Por otra parte, Miguel Pérez López y Juvenal Núñez Mercado (“La nueva estructura

del derecho municipal mexicano, notas sobre la reforma constitucional en materia

municipal de 1999, en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho

Constitucional, Número 4, Enero-Junio de 2001), indican:

"La reforma municipal de 1999 tiende a señalar principios y contenidos de la

legislación municipal, siempre en un sentido general y orientador. Los incisos

agregados a la fracción II procuran cumplir ese cometido a partir de la experiencia

recabada por el ejercicio práctico, la legislación elaborada y la jurisprudencia emitida.

...

C. Decisiones sobre el patrimonio inmobiliario municipal y celebración de actos y

convenios.

Con el inciso b) se establece un requisito de mayoría calificada... en la toma de

decisiones concernientes a la afectación de su patrimonio inmobiliario o para la

celebración de actos o convenios que comprometan al Municipio más allá del periodo

que corresponda al ayuntamiento, con el fin de evitar que quienes resulten electos

para una gestión no tengan que enfrentar cargas o gravámenes que comprometan o

limiten seriamente su desempeño. También se evita que las legislaturas intervengan

de cualquier forma en una decisión que corresponde en forma exclusiva a los

ayuntamientos.

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