Acros AB30467 User Manual download pdf (Page 285)

Lunes 5 de junio de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 29

La fracción XXI del artículo 49 de la ley en estudio dispone lo siguiente:

“Artículo 49.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

(...)

XXI.- Suspender a sus miembros en caso de proceso por responsabilidad

provenientes de faltas o delitos oficiales en tanto se defina su situación jurídica. En

caso de inhabilitación o de falta definitiva de un miembro del ayuntamiento, se

llamará al suplente para que entre en funciones conforme a esta ley”.

Sobre el particular, la fracción I, tercer párrafo, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, expresamente señala lo siguiente:

“Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes,

podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender

o revocar el mandato a alguno de su sus miembros

, por alguna de las causas graves

que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad

suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan”.

De ello se desprende que sólo las legislaturas de los Estados están facultadas para suspender

ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno

de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus

integrantes; se actualice alguna de las causas graves que la ley local establezca, y que los miembros del

ayuntamiento hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y formular los alegatos que a sus

intereses convengan.

De lo anterior se sigue que la fracción XXI del artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Hidalgo, que dispone que los ayuntamientos de esa entidad federativa están facultados para suspender a sus

miembros en caso de proceso por responsabilidad proveniente de faltas o delitos oficiales en tanto se defina

su situación jurídica, resulta contrario a lo que expresamente dispone el párrafo tercero de la fracción I del

artículo 115 de la Constitución Federal pues, se insiste, esta es una atribución que la Norma Fundamental le

otorga de manera exclusiva a las legislaturas de los Estados.

En esa virtud, lo que procede es declarar inconstitucional la fracción XXI del referido artículo 49 de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

Similar criterio sostuvo el Tribunal Pleno al resolver, en sesión de veinticinco de noviembre del dos mil tres,

la controversia constitucional 44/2002 promovida por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco en contra del

Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, en la cual fue ponente el Ministro Humberto Román

Palacios.

Por otro lado, esta minoría, con fundamento en el artículo 40 de la Ley Reglamentaria de la materia,

procede al análisis oficioso del segundo párrafo, de la fracción XXXIV del artículo 49 de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Hidalgo, toda vez que se estima que es contraria al contenido del artículo 117,

fracción VII, constitucional.

A fin de poder evidenciar lo anterior, en primer lugar resulta conveniente acudir al texto de la fracción

referida que señala:

“ARTICULO 49. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

(…)

XXXIV.-Autorizar al Presidente Municipal, la celebración de contratos con particulares

e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, en los términos de Ley. Al

efecto, los ayuntamientos están facultados para obligarse crediticiamente a través del

Presidente Municipal; en este caso, se deberán observar los criterios de aprobación

establecidos en ésta Ley, así como las disposiciones de la Ley de la materia.

Los municipios, sólo podrán contraer obligaciones o empréstitos, cuando se destinen

a inversiones como infraestructura y proyectos públicos productivos auto

recuperables, conforme a las disposiciones que establezca la Legislatura del Estado a

través de una Ley.

Los municipios, podrán contratar deuda pública con base en el estudio técnico de su

capacidad crediticia, o calificación de deuda que se emita de acuerdo a la

normatividad vigente;…”

Como se logra desprender de la anterior transcripción, la ley reclamada faculta al ayuntamiento para que

autorice al presidente municipal a obligarse crediticiamente, con la finalidad de que celebre contratos sobre

cuestiones de interés público, y señala además, que “...sólo podrán contraer obligaciones o empréstitos,

cuando se destinen a inversiones como infraestructura y proyectos públicos productivos auto

recuperables.”

1 2 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... 383 384

Comments to this Manuals

No comments

Acros AB30467 User Manual Page 285

Comments to this Manuals