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Lunes 5 de junio de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 21

perfectamente a lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal, también lo es

que la fracción impugnada que se analiza, en la porción normativa que establece “cuando se destinen a la

ejecución de obras de beneficio común” sí es parcialmente inconstitucional, por las razones antes

expresadas.

En orden a lo anterior y dada la declaración de inconstitucionalidad parcial antes expresada, la fracción

XVII del artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo para efectos de la presente

controversia constitucional y en lo que atañe a su aplicación futura al Municipio actor, deberá leerse de la

siguiente manera:

“XVII.- Enajenar, a título gratuito u oneroso, los inmuebles de dominio privado del

Municipio, únicamente cuando así lo aprueben las dos terceras partes de los

integrantes del ayuntamiento y previa localización y medición de la propiedad y

avalúo por peritos; la venta se efectuará en los términos de la autorización

y conforme a lo previsto por la Ley de la materia. La donación de inmuebles sólo

procederá mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del

ayuntamiento”.

Pasando a otro punto, el Municipio actor también se inconforma respecto de la fracción XXXI del artículo

49 en comento, la cual establece, en esencia, que es facultad del ayuntamiento proponer a la legislatura del

Estado, en el ámbito de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos,

aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que

sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; así como las tasas de las

contribuciones adicionales. Asimismo, dicha fracción también establece como obligación de los

ayuntamientos, el que los ingresos obtenidos por tasas adicionales, deban destinarse íntegramente al objeto

de su establecimiento y que en ningún caso, por sí o de manera conjunta, rebasen el diez por ciento del

monto que arroje la contribución base.

La primera parte del precepto en comento es una norma derivada del párrafo tercero del inciso c), de la

fracción IV, del artículo 115 constitucional, pues dicho precepto expresamente establece la facultad de las

legislaturas de los Estados para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, revisar y fiscalizar sus

cuentas públicas y aprobar sus presupuestos de egresos, por lo que las atribuciones que dicha porción

normativa de la fracción XXXI del artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo le confiere a

la legislatura estatal, son plenamente conformes con dicha facultad y, desde luego, con el texto constitucional.

No obstante lo anterior, la segunda parte de dicho precepto legal sí resulta contraria a la Norma

Fundamental pues, por una parte, el hecho de que la legislatura disponga en la ley en estudio que los

ingresos obtenidos por tasas adicionales deberán, necesaria e indefectiblemente, dedicarse de manera

íntegra al objeto de su establecimiento, afecta el principio de libre administración hacendaria consagrado

en el artículo 115, fracción IV, primer párrafo, de la Constitución, al predeterminar el destino que deben tener

sus ingresos.

Además, la parte en la que dicha fracción XXXI establece que en ningún caso, por sí o de manera

conjunta, tales tasas adicionales podrán rebasar el diez por ciento del monto que arroje la contribución base,

viola la libertad de iniciativa del Municipio en materia de contribuciones a la propiedad inmobiliaria, pues de

conformidad con la propia fracción IV del artículo 115 constitucional, los Municipios tienen el derecho de

proponer lo que consideren pertinente para su hacienda pública en lo referente a materia inmobiliaria, en la

inteligencia de que será facultad exclusiva de la legislatura el aprobar, modificar o, en su caso, rechazar, la

iniciativa del Municipio al momento de discutir la correspondiente Ley de Ingresos.

No está por demás señalar que la última parte de la fracción XXXI que establece que tanto los

ayuntamientos como el Congreso del Estado podrán solicitar los criterios técnicos de las dependencias del

Poder Ejecutivo Estatal, a fin de respaldar sus proyectos y resoluciones, no constituye una norma obligatoria

porque establece una facultad potestativa y, por lo mismo, no atenta contra el ámbito de atribuciones que la

Constitución Federal le confiere al Municipio.

En orden a todo lo anterior, lo que procede es declarar la inconstitucionalidad de la fracción XXXI del

artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, en la porción normativa en la que expresa que

“Los ingresos obtenidos por tasas adicionales, deberán destinarse íntegramente al objeto de su

establecimiento y en ningún caso, por sí o de manera conjunta, rebasarán el 10% del monto que arroje

la contribución base”, con lo cual, dicha fracción, para efectos de la presente controversia constitucional y

en lo que atañe a su aplicación futura al Municipio actor, deberá leerse de la siguiente manera:

“XXXI.- Proponer al Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia, las cuotas

y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones

que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad

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