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18 (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 5 de junio de 2006

La fracción II del artículo 49 en comento consagra, en específico, la atribución del ayuntamiento para dictar

los bandos de gobierno y de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia

general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Tal y como quedó expresado en el estudio previo, sobre este particular Salvador Valencia Carmona

(“Derecho Municipal”, Porrúa-UNAM, México 2003) expresa que los reglamentos municipales se han

clasificado en la doctrina, según su materia, en cuatro tipos, a saber: a) para regular la organización y

funcionamiento interno del ayuntamiento; b) para regular la organización y funcionamiento de la

administración municipal; c) para normar los servicios públicos y las formas en que se prestan, y d) para

regular las actividades de los particulares.

Corresponde al reglamento interior encargarse de la composición y estructura del ayuntamiento, así como

de las atribuciones y deberes de cada uno de sus miembros. Los principales aspectos que es menester

contemplar en este reglamento son: residencia e instalación del ayuntamiento; derechos y obligaciones de sus

integrantes; sesiones de cabildo; comisiones, y votación para los acuerdos y para su revocación.

Para que la administración municipal trabaje de manera adecuada es preciso que se expidan reglamentos

que detallen la estructura administrativa, las bases para manejar sus recursos y su personal, así como un

sistema que controle y evalúe sus actividades. Para estos propósitos deben expedirse cuando menos los

siguientes ordenamientos: el reglamento interno de la administración, en el cual se detallan los órganos que

conforman la administración, sus funciones y responsabilidades; el reglamento de control de gestión,

que permite supervisar, evaluar y controlar las actividades de las dependencias municipales, así como normar

la contraloría, cuya actividad es muy importante en tales cometidos.

Los reglamentos de servicios públicos regulan las actividades municipales que constitucionalmente se han

declarado como tales, por lo cual pueden llegar a ser muy numerosos y heterogéneos. Entre los reglamentos

que normalmente se expiden para los servicios públicos, están los de mercados, limpia pública, rastros,

panteones, parques y jardines, seguridad pública, agua potable y alcantarillado. En este tipo de reglamentos

se establece también cuál es la forma en que se puede prestar el servicio público correspondiente, sea de

manera directa, en colaboración o concesionado a particulares.

Los particulares, por último, efectúan muchas actividades que el Municipio no puede ignorar y debe

encauzar jurídicamente de manera apropiada. Para tal efecto, señala derechos y obligaciones a los

particulares en diferentes reglamentos, entre otros: los de fraccionamientos; construcción; establecimientos

industriales; establecimientos comerciales; ambulantes; diversión y espectáculos públicos; anuncios y letreros;

cantinas, bares y depósitos de cervezas y aparatos electromecánicos y sonoros.

Por último conviene señalar que en las circulares se contienen normalmente instrucciones o reglas

dirigidas por los órganos superiores a los inferiores para especificar interpretaciones de normas, decisiones o

procedimientos. Las circulares pueden ser internas, si únicamente se refieren a asuntos de la competencia

interna de las unidades administrativas, o externas, si van dirigidas a los particulares. Pueden mencionarse de

manera específica en este rubro, las relativas al comercio establecido, los días del año que tienen el carácter

feriado, los horarios en que normalmente funcionarán determinados servicios públicos o los lugares en que

éstos se prestarán, las horas límite en que pueden realizar sus actividades ciertos expendios o funcionar

determinados negocios, etcétera.

De alguna manera, todas estas premisas doctrinarias, son recogidas por la fracción II del artículo 49 de la

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

En efecto, debe estimarse que dicha fracción también es una norma derivada de la fracción II, segundo

párrafo, del artículo 115 de la Constitución Federal, en tanto que no hace sino reproducir la norma

constitucional relativa a la facultad de los ayuntamientos para emitir normas generales.

No está por demás insistir en que el Constituyente Permanente que reformó el artículo 115 constitucional

para quedar en los términos en que actualmente se encuentra consignado, tuvo la intención de fortalecer el

ámbito de competencia municipal y las facultades de sus órganos de gobierno. Por ello se delimitó el objeto y

los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales, lo que se traduce en que la

competencia reglamentaria del Municipio implique, de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su

desarrollo. De ahí precisamente que se haya modificado en la fracción II del artículo 115 de la Constitución

General de la República, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal,

conforme a las cuales los ayuntamientos expidan su normatividad propia.

Lo anterior está contenido en punto 4.2 del Dictamen de la Comisión de Gobierno y Puntos

Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en los términos siguientes:

“La intención de esta Comisión dictaminadora, consiste en fortalecer el ámbito de

competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno. Por ello se

propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar

el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones

municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio,

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